En el artículo anterior vimos que el AI Omnibus ha desplazado hasta diciembre de 2027 buena parte de las obligaciones específicas para los sistemas de IA de alto riesgo en educación. Pero eso no significa que todo se haya aplazado.

El 2 de agosto de 2026 sí ha empezado a aplicarse una parte importante del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial: las obligaciones de transparencia del artículo 50. Y, además, la Comisión Europea publicó el 20 de julio unas directrices específicas para explicar cómo deben interpretarse.

Aquí aparece un problema bastante previsible. Cuando una norma compleja empieza a resumirse en titulares, las obligaciones se simplifican hasta convertirse en frases como estas:

«Ahora hay que avisar siempre que usamos IA.»

«Todo lo generado con IA tiene que llevar una etiqueta.»

Ninguna de las dos refleja bien lo que dice la norma.

La transparencia que exige el AI Act es bastante más concreta. Depende de quién utiliza el sistema, para qué lo utiliza y qué recibe finalmente la persona que está al otro lado.

Y esa distinción es importante para los centros educativos porque evita tanto hacer menos de lo necesario como convertir cada uso cotidiano de IA en un procedimiento burocrático.

No toda utilización de IA exige avisar

Empecemos por el caso más sencillo.

El artículo 50 establece que, cuando un sistema de IA está diseñado para interactuar directamente con una persona, esa persona debe saber que está hablando con una IA, salvo que resulte evidente por el propio contexto. La obligación recae principalmente en el proveedor del sistema, que debe diseñarlo para que esa información aparezca de forma clara.

En un centro educativo podemos pensar, por ejemplo, en un chatbot institucional que responda preguntas de familias, un tutor de IA que converse directamente con alumnos o un asistente virtual incorporado a una plataforma.

Ahí sí existe una interacción directa y tiene sentido que la persona sepa con quién está hablando.

Pero la propia Comisión aclara algo muy importante: los sistemas que trabajan en segundo plano, sin contacto directo con la persona, quedan fuera de esta obligación concreta.

Eso significa que el artículo 50 no obliga genéricamente a comunicar al alumnado cada vez que un profesor ha utilizado IA para preparar algo.

Si un docente utiliza una herramienta para generar ideas, adaptar un material, revisar una explicación o preparar una actividad que después él mismo selecciona y presenta, no existe por ese solo hecho una obligación automática de anunciar:

«Este material ha sido creado con inteligencia artificial.»

Puede haber razones pedagógicas para hacerlo. Podemos querer modelar un uso responsable, hablar de autoría o hacer visible cómo utilizamos la tecnología. Pero eso pertenece a otra conversación.

Lo pedagógicamente recomendable y lo jurídicamente obligatorio no son siempre lo mismo.

¿Y qué ocurre con los contenidos generados por IA?

Aquí aparece otra confusión frecuente.

El artículo 50 exige que los proveedores de sistemas capaces de generar audio, imágenes, vídeo o texto sintético incorporen mecanismos que permitan identificar técnicamente que ese contenido ha sido generado o manipulado por IA.

La expresión importante es «legible por máquina».

No estamos hablando necesariamente de una etiqueta visible que tenga que escribir un profesor debajo de cada imagen o de cada texto. Estamos hablando, en primer lugar, de una obligación tecnológica del proveedor: incorporar marcas que permitan detectar el origen artificial del contenido.

Además, el propio Reglamento excluye determinados usos de edición estándar que no alteran sustancialmente el contenido original.

Por tanto, la regla tampoco es:

«Si una IA ha intervenido, hay que etiquetar el resultado.»

La realidad es bastante más precisa.

Y aquí conviene distinguir dos niveles de transparencia que a veces se mezclan: el marcado técnico, que corresponde fundamentalmente al proveedor, y la información visible para las personas, que aparece en algunos supuestos concretos que veremos a continuación.

Cuando una imagen, un audio o un vídeo pueden engañar

El caso más claro son las llamadas ultrafalsificaciones o deepfakes.

Si utilizamos IA para generar o manipular una imagen, un audio o un vídeo de forma que parezca auténtico cuando no lo es —por ejemplo, haciendo parecer que una persona real dijo algo que nunca dijo— el responsable del despliegue debe revelar que ese contenido ha sido generado o manipulado artificialmente.

La Comisión añade que esa información tiene que ser perceptible para la persona. No basta con confiar en una marca técnica escondida dentro del archivo que únicamente pueda detectar otra herramienta.

En educación esto es bastante fácil de entender.

Podemos crear una recreación histórica, una simulación audiovisual o un personaje ficticio con una finalidad perfectamente legítima. El problema no está en crear ese contenido. El problema aparece cuando alguien puede razonablemente creer que está viendo o escuchando algo auténtico.

La transparencia, en ese caso, no limita el recurso educativo. Simplemente evita el engaño.

La normativa incluso contempla que, en obras claramente artísticas, creativas, satíricas o de ficción, esa indicación pueda hacerse de manera que no estropee la experiencia.

El caso del texto es más limitado de lo que parece

Con los textos ocurre algo diferente.

El artículo 50 no dice que todo texto generado con IA tenga que identificarse como tal.

La obligación visible se refiere a textos generados o manipulados por IA que se publiquen con la finalidad de informar al público sobre asuntos de interés público. La Comisión menciona ámbitos como política, salud pública, derechos fundamentales, administración, seguridad, medio ambiente o cuestiones científicas y culturales relevantes para el debate público.

Además, existe una excepción importante: si el contenido ha sido sometido a revisión humana real o control editorial y una persona física o jurídica asume la responsabilidad editorial de lo publicado, no existe esa obligación de etiquetado.

Y «revisión humana» no significa pasar un corrector ortográfico.

La Comisión habla de revisar el contenido de fondo, comprobar su fiabilidad y tener autoridad real para modificarlo, rechazarlo o aprobarlo. Una revisión puramente formal no es suficiente.

Para un centro educativo esto tiene una consecuencia bastante sencilla.

Si la IA ayuda a redactar un comunicado, una noticia para la web o un documento informativo y después existe una revisión editorial real por parte de una persona responsable que comprueba el contenido y asume su publicación, el AI Act no obliga automáticamente a añadir una etiqueta diciendo que la IA participó en su redacción.

Otra cosa, de nuevo, es que el centro decida hacerlo por razones de política interna o transparencia institucional.

Entonces, ¿quién tiene que hacer qué?

Aquí ayuda mucho distinguir entre dos figuras que aparecen continuamente en el Reglamento.

El proveedor es quien desarrolla o comercializa el sistema. Es quien tiene, entre otras, las obligaciones relacionadas con diseñar la interacción para que sepamos que estamos hablando con IA y con incorporar los mecanismos técnicos que permitan detectar determinados contenidos generados artificialmente.

El responsable del despliegue es quien utiliza profesionalmente ese sistema bajo su autoridad. En un uso institucional ordinario, esa figura puede ser el propio centro como organización. La Comisión aclara que, cuando una persona jurídica utiliza el sistema bajo su responsabilidad y sus empleados actúan siguiendo sus instrucciones, esos empleados no tienen por qué convertirse individualmente en responsables del despliegue separados.

Eso también resulta útil para entender la filosofía de la norma.

No pretende que cada profesor se convierta en inspector de los mecanismos internos de una plataforma.

Lo que pretende es repartir las responsabilidades allí donde realmente pueden ejercerse.

El proveedor debe diseñar correctamente el sistema.

El centro debe utilizarlo con criterio cuando las obligaciones le corresponden.

Y las personas expuestas a determinados usos de IA deben poder saberlo cuando esa información resulta relevante.

Un caso especial: reconocimiento de emociones y biometría

El artículo 50 también obliga a informar a las personas cuando están expuestas a sistemas de reconocimiento de emociones o categorización biométrica.

En educación hay que introducir inmediatamente un matiz: el reconocimiento de emociones está ya generalmente prohibido en centros educativos, salvo excepciones muy concretas relacionadas con razones médicas o de seguridad.

Por tanto, la transparencia no convierte en permitido un uso que ya está prohibido.

Este es un buen ejemplo de por qué conviene no leer cada artículo de forma aislada: informar de que utilizamos un sistema no hace que automáticamente podamos utilizarlo.

¿Qué debería revisar un centro ahora?

No hace falta convertir la transparencia en una colección de etiquetas.

Tiene más sentido revisar unos pocos escenarios concretos:

  • si alumnos o familias interactúan directamente con chatbots, agentes o asistentes de IA;
  • si el centro publica imágenes, audios o vídeos sintéticos que puedan parecer auténticos;
  • si se publican textos generados por IA sobre asuntos de interés público sin una revisión editorial real;
  • y si las herramientas contratadas cumplen las obligaciones técnicas de marcado que corresponden al proveedor.

Eso cubre buena parte de lo que el artículo 50 pretende conseguir.

Además, para sistemas introducidos en el mercado antes del 2 de agosto de 2026 existe un período transitorio muy limitado hasta el 2 de diciembre de 2026, pero únicamente para la obligación técnica de marcado y detección del contenido generado por IA prevista en el artículo 50.2. El resto del artículo 50 se aplica desde el 2 de agosto.

La transparencia pedagógica puede ir más allá de la ley

Aquí merece la pena terminar separando dos conversaciones que no deberíamos confundir.

Una es jurídica:

¿Qué tengo obligación de comunicar?

La otra es pedagógica:

¿Qué me interesa hacer visible para enseñar a utilizar la IA con responsabilidad?

Un centro puede decidir, por ejemplo, que los alumnos indiquen cuándo han utilizado IA en determinadas tareas, aunque el artículo 50 no lo exija. Puede pedir que expliquen para qué la han utilizado, qué han aceptado, qué han modificado o qué parte del resultado consideran propia.

Eso no es cumplimiento del AI Act.

Es diseño educativo.

Del mismo modo, un profesor puede considerar útil explicar cuándo ha utilizado IA para construir un determinado recurso porque quiere normalizar un modelo de uso transparente y crítico. Pero deberíamos decirlo correctamente: lo hace porque considera que tiene valor pedagógico, no porque exista una obligación general de informar de cualquier uso de IA.

Esta distinción puede parecer pequeña, pero es importante.

Si convertimos la transparencia en una etiqueta automática que aparece en todas partes, acabaremos consiguiendo que deje de significar nada. Si la utilizamos cuando realmente ayuda a comprender quién está hablando, de dónde procede un contenido o hasta qué punto algo puede resultar engañoso, entonces sí cumple su función.

El artículo 50 no pretende que todo lleve un cartel de «hecho con IA».

Pretende algo bastante más razonable:

que no confundamos una máquina con una persona y que no confundamos un contenido artificial con uno auténtico cuando esa diferencia importa.

Para un centro educativo, ese objetivo debería resultar bastante fácil de compartir.

Para quedarse con tres ideas

  1. No hay que informar de cualquier uso de IA.

    La obligación de avisar aparece en situaciones concretas, especialmente cuando una persona interactúa directamente con un sistema de IA.

  2. «Marcar» no siempre significa poner una etiqueta visible.

    Una parte importante de la obligación recae en los proveedores y consiste en incorporar mecanismos técnicos que permitan detectar contenidos generados artificialmente.

  3. La ley establece un mínimo; la pedagogía puede pedir más.

    Un centro puede adoptar normas de transparencia más exigentes con alumnos y docentes por razones educativas, pero conviene distinguir esas decisiones de lo que exige exactamente el AI Act.

Fuentes oficiales

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